Definitivamente, el gobierno de los Kirchner decidió pasar a los miembros de la Corte a la lista de traidores y enemigos, luego del fallo donde por quinta vez le ordena al gobernador de Santa Cruz reponer en su cargo al ex procurador Eduardo Sosa, cesanteado por Néstor Kirchner en 1995 cuando reinaba en su provincia.
Como de costumbre el kirchnerismo no sólo decidió que no va a respetar el fallo sino que, como es su costumbre, doblará la apuesta. Primero una marcha en contra de la Corte en Tribunales y el 8 de octubre el mismo Néstor Kirchner comandará sus tropas en Santa Cruz. Los Kirchner están dispuestos a acorralar la institucionalidad de la Argentina hasta un límite intolerable, cruzando la línea que separa los países civilizados de aquellos donde reina la voluntad del más fuerte. No cabe duda que la actitud del gobierno dinamita la institucionalidad de la Argentina y será aún más difícil convencer a algún inversor que confíe en el país. El grado de civilización de los países no sólo se mide por sus variables macro económicas, sobre ellas se ubica la institucionalidad y el respeto a la ley y a las instituciones. Eso es lo que en definitiva hace que un país sea predecible y es justamente en sentido contrario hacia donde marcha la Argentina. Así, el kirchnerismo le sacó al país un pasaje de ida al destierro de las naciones poco civilizadas.
En el Congreso los bloques de la oposición tratan de enhebrar un acuerdo que posibilite los cuatro proyectos de intervención que fueron presentados. Hay disensos pero todos están de acuerdo que el Poder Legislativo debe utilizar los instrumentos a su alcance para hacer cumplir el fallo de la Corte, tal como lo han establecido por unanimidad sus integrantes. El remedio se llama intervención federal y así está establecido en la Constitución Nacional. Objetivamente, la pertinaz desobediencia del gobernador Daniel Peralta lo ubica objetivamente en las causales del remedio federal.
El gobernador Daniel Peralta, que también es Kirchner, presuroso pidió instrucciones a su jefe político ni bien salió el fallo y fue el primero que habló de un golpe de estado a la provincia detrás del cual está encaramada el más alto tribunal. Más tarde, dobló la apuesta declarando que querían invadir la provincia. Una vez más el kirchnerismo es brutalmente sincero. Las palabras de Peral revelan los próximos pasos en la estrategia oficial en el embate que el gobierno dará a su más reciente enemigo. En este sentido, no sería raro que en los próximos días se quiera buscar un correlato entre la Corte argentina con la de Honduras que estuvo involucrada en el golpe de estado que derrocó al mandatario Manuel Zelaya. La estrategia no es nueva, ya que varios meses atrás en un encuentro protocolar que mantuvo la Presidenta con varios miembros del tribunal, no sin su clásico tono irónico Cristina Fernández de Kirchner los comparó con sus pares hondureños.
El gobierno ya trazó su estrategia y su decisión está tomada: Sosa no será repuesto en el cargo y la Corte será calificada de golpista. Ahora bien, si esta situación de por sí ya implica una grave crisis institucional; es difícil pensar que, en el hipotético caso que el Congreso aprobara una intervención federal, el gobierno vaya a acceder mansamente a cumplir con lo resuelto por diputados y senadores. La crisis institucional experimentaría una escalada dramática porque en ese caso se daría el caso del poder Ejecutivo colisionando con el Legislativo y el Judicial. Es cierto que aún es un escenario un tanto lejano porque, como siempre, el Senado es el gran escollo que debe vencer la oposición para llevar adelante sus proyectos. Esta es la apuesta del kirchnerismo para terminar con la crisis de Santa Cruz, juntar en el Senado las voluntades necesarias para obturar los objetivos de la oposición. Los métodos para conseguirlo serán los de siempre.
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