El escándalo por la llegada del avión cargado con 944 kilos de cocaína al aeropuerto de El Prat, Barcelona, procedente de Buenos Aires y tripulado por los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá y Matías Miret, se está convirtiendo en un escándalo con ramificaciones aún difícil de pronosticar. El hecho deja muy mal parada a la Argentina, que puede quedar en una posición peor frente a España si efectivamente se comprueba que la cocaína fue embarcada en Buenos Aires; como parece indicar la hipótesis más sólida de la investigación. Sin embargo, más allá de lo que ésta arroje y de las responsabilidades que en virtud de ella se deslinde, lo cierto es que la Argentina no demuestra un verdadero compromiso en la lucha contra el narcotráfico y cada vez es menos confiable para la comunidad internacional.
En febrero de 2007, la Argentina y España firmaron un acuerdo de colaboración recíproca a través del cual “las fuerzas de seguridad de ambos países mantengan una comunicación estrecha que permita actuar con mayor eficacia contra las drogas, el blanqueo de capitales y el desvío de precursores químicos”, afirmaba el cable de la agencia de noticias Télam. El convenio fue firmado por el entonces Ministro del Interior, Aníbal Fernández y su par español Alfredo Pérez Rubalcaba; actualmente Vicepresidente primero del gobierno español y posible sucesor de José Luis Zapatero si decide no buscar la reelección. Sin embargo, pese a la vigencia del acuerdo, España decidió no utilizar ese canal de información para poner en alerta a las autoridades argentinas sobre la operación que estaba en marcha en ese país. "Conozco la operación porque evidentemente es muy importante, y me informó la policía que se iba a hacer", declaró el propio Rubalcaba en una conferencia de prensa el pasado 14 de enero. Las autoridades argentinas se enteraron por los diarios. Es claro que los españoles no confiaron en el gobierno argentino a la hora de compartir la información que manejaban sobre la llegada del embarque a bordo del Challenger y ello bien puede deberse a que tal vez considerarían que algún estamento del gobierno argentino pudiera estar involucrado. No es antojadizo pensar que de informar la cuestión al gobierno nacional la operación, bautizada en España como Volare, podía ponerse en riesgo. Los españoles prefirieron “cortarse” solos. La Argentina debe tomar nota de esta cuestión que no es menor, especialmente tratándose de España y de un gobierno “amigo” como se supone que lo es el de Rodríguez Zapatero.
La investigación impulsada por los españoles no se lleva adelante de un día para el otro, venían trabajando desde hace un tiempo y la policía mantenía informada a las más altas esferas del gobierno de ese país; como lo evidencias las mismas palabras de Rubalcaba. Es probable, entonces, que los españoles hayan tenido un infiltrado en la organización de narcotraficantes que les avisara el día de la llegada de los 944 kilos de cocaína a Barcelona. No debe dejarse de lado que al aterrizar el Challenger tripulado por los argentinos, la policía ya tenía la orden de allanamiento del avión y sabían qué estaban buscando. En este sentido, hay un dato que es muy llamativo. En las primeras informaciones sobre el episodio se mencionaba la presencia de una cuarta persona que había llegado en el avión con los hermanos Juliá y Miret. No son pocos los que señalan a este cuarto hombre, liberado por la policía a las pocas horas de efectuar la detención de los argentinos, como el agente encubierto que mantuvo en alerta a los españoles. Su identidad no trascendió y ya ni siquiera se lo menciona en ninguna de las crónicas sobre el narco vuelo. Esta es otra prueba más de hasta donde los encargados de la investigación desconfiaban del gobierno argentino. Prefirieron usar sólo sus propios recursos.
Desde el plano internacional la Argentina ha venido mostrando bastante falta de compromiso, no sólo en materia de lucha contra el narcotráfico, como lo evidencia el escándalo del Challenger, sino también en torno a su política contra la lucha contra el lavado de dinero. “Desde de la última evaluación en junio de 2004, Argentina no ha avanzado suficientemente para hacer frente a las deficiencias identificadas en ese momento”, sostiene el último informe de la GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) con fecha 22 de octubre del año pasado. Como se sabe, el tráfico de drogas es una de las principales actividades del lavado de dinero y en este marco no parece casual que la Argentina sea criticada en este campo. Por eso no parece aventurado afirmar que los controles en la Argentina han colapsado, pero esto aparentemente no se debe a una casualidad; al menos desde la óptica de la diputada Elisa Carrió que no cree en las casualidades y en inocentes faltas de eficiencia sino en un plan orquestado donde uno de sus vértices parece estar ocupado por bandas de narcotraficantes.
"El tema de los precursores químicos, la efedrina, financió la campaña de Cristina. Aníbal Fernández es un cómplice absoluto, paró la ley del blanqueo de capitales para liberar la salida de efedrina. El triple crimen de General Rodríguez donde hay gente muy cercana a él presa. La ministra de Seguridad (Nilda Garré) era ministra de Defensa cuando los peores hechos ocurrían", dijo Carrió señalando no pocos puntos de contacto entre el kirchnerismo y actividades vinculadas al narcotráfico. Más dura cargó apuntó contra el Jefe de Gabinete al señalar que: “Una figura clave en el tema de la droga ha sido Aníbal Fernández”
Es obvio que los hermanos Juliá le garantizaron a sus contratistas impunidad, tal vez gracias a sus contactos en la Fuerza Aérea de la que su padre fue el jefe durante la presidencia de Carlos Menem.Tampoco parece una casualidad que el aeropuerto elegido para estacionar el avión que llegó a España con casi una tonelada de droga haya sido el de Morón, donde la Fuerza Aérea y a la Administración Nacional de Aviación se vienen disputando su control. Pero al final nadie controló nada y la droga llegó a España sin que las autoridades argentinas hicieran nada por detenerla y además poniéndose de relieve el aislamiento internacional que padece la administración de Cristina Fernández de Kirchner. Aviones, drogas y valijas llenas de dinero parecen cruzar al kirchnerismo, desde la llegada del venezolano Antonini Wilson con un portafolio conteniendo U$S 800.000 en efectivo hasta el robo del dinero para los gastos de la Presidenta destinados para su gira a Medio Oriente; pasando por el avión que generosos empresarios en su momento le compraron al ex secretario de transporte Ricardo Jaime. Parece que la administración kirchnerista tiene una especial fascinación por los aviones y por el dinero en efectivo.
El gobierno no lo demuestra pero está preocupado porque en este escándalo, al igual que las andanzas de Jaime o el “archivado” caso Skanska, no puede endilgarle la responsabilidad a los sospechosos de siempre. En esta ocasión no puede señalar a Eduardo Duhalde, al campo, a Clarín o a los grupos económicos concentrados de estar conspirando para desestabilizar a la Presidenta. Si se comprueba que los 944 kilos de cocaína fueron cargados en la Argentina, por lo menos el gobierno es el responsable de una inexplicable falla en los controles sobre lo que entra y sale de la Argentina. Nilda Garré y Aníbal Fernández son los ministros que deberán las explicaciones de este caso y también Julio De Vido.
La Presidenta que aun sigue estudiando la conveniencia o no de buscar la reelección ya mostró, al menos desde el discurso, que la inseguridad no es una sensación construida por el relato mediático ahora sería beneficioso que además entienda que la Argentina tiene un serio problema con el tráfico de drogas, que no sólo tiene que ver con el preocupante aumento del consumo sino también con las acciones de organizaciones de narcotraficantes que ya han empezado a dejar su marca en el país.
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