Los Kirchner siempre terminan enredados en sus propios dichos. “No debe confundirse libertad de expresión con libertad de extorsión”, dijo la Presidenta por cadena nacional sin mencionar explícitamente a los destinatarios de la acusación. Ayer, el empresario mendocino Daniel Vila respondió acusando directamente al gobierno de ser extorsionadores cuando reveló las presiones de la Casa Rosada, desde donde “piden que se despida a tal o cual periodista”. Una acusación por cierto grave sobre la que Vila debería explayarse. Es difícil confiar en un gobierno que ha hecho del enfrentamiento su principal herramienta para construir y acumular poder. Un gobierno para quien el consenso sólo sirve para declamarlo pero nunca para ejercerlo, que ha presionado para correr a periodistas molestos y que ha distribuido la pauta publicitaria oficial premiando a los amigos y como instrumento de presión para los críticos. Es difícil pensar que el matrimonio presidencial está detrás de una ley que multiplique las voces, cuando su ex chofer, en relación, ejerce un peso mayor en Santa Cruz que Clarín en todo el país. Es evidente que los antecedentes de Néstor y Cristina no les juegan a favor.
Cualquier ley de radiodifusión termina por regular el derecho constitucional de difundir las ideas por la prensa como sostiene la Constitución, y el derecho de la sociedad a acceder a la información y elegir por quién quiere ser informada. Por eso, la directriz de cualquier proyecto siempre debe ser la interpretación amplia de ambos derechos. ¿Este proyecto va en esa dirección? Por lo menos es lógico tener sospechas cuando el proyecto prevé que el Poder Ejecutivo designará a cinco de los miembros de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, mientras que el Congreso sólo “propondrá” al Ejecutivo a dos representantes; es decir que el gobierno puede rechazar esa propuesta. Hay una diferencia muy grande entre designar y proponer, en la integración de la autoridad de aplicación el Ejecutivo “designará” cinco miembros, mientras que el Congreso le “propondrá” al primero dos miembros. Además, cabe señalar que dicho organismo de control dependerá de la Secretaría de Medios que a su vez depende de la Jefatura de Gabinete; es decir que todos pasamos a depender de Aníbal Fernández y entre sus facultades podrá “adjudicar y prorrogar, en los casos que corresponda, y declarar la caducidad de las licencias, permisos y autorizaciones, sujeto a control judicial pleno y oportuno, incluso cautelar” y también tendrá facultades para realizar adjudicaciones directas. Es muy peligroso que el Poder Ejecutivo tenga tanto poder, que en definitiva redundará en quién podrá hablar y quién deberá callar. En ningún caso sería republicano y democrático que el gobierno de turno ostente esta facultad, pero es, por cierto preocupante, que este gobierno impulse una iniciativa de estas características al que le sobran episodios de arbitrariedad y desprecio hacia la prensa independiente, en este sentido los ejemplos sobran. Una visión más democrática indicaría, por lo menos, que la integración de la Autoridad de Aplicación fuera exactamente al revés y que la mayoría de sus miembros fueran designados por el Poder Legislativo. Tampoco se comprende cuál es la razón por la cual el estado debe contar con el 33 por ciento de las frecuencias. En el artículo 57, referido a los medios de radiodifusión sonora (radios), hay otra particularidad que por lo menos es anacrónica: “Como mínimo el TREINTA POR CIENTO (30%) de la música emitida deberá ser de origen nacional, sea de autores o interpretes nacionales, cualquiera sea el tipo de música de que se trate por cada media jornada de transmisión…debiendo además asegurar la emisión de un CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de música producida en forma independiente donde el autor y/o interprete ejerza los derechos de comercialización de sus propios fonogramas mediante la transcripción de los mismos por cualquier sistema de soporte teniendo la libertad absoluta para explotar y comercializar su obra”. Parece que la concepción es que la música nacional debe entrar a presión, esto no es nuevo ya se hizo en otras épocas y el resultado fue lamentable. Pero hay más, el artículo 59 declara: “Los licenciatarios de servicios de televisión abierta o por suscripción deberán exhibir en estreno televisivo en sus respectivas áreas de cobertura, y por año calendario, SEIS (6) películas nacionales, pudiendo optar por incluir en la misma cantidad hasta TRES (3) telefilmes nacionales, en ambos casos producidos mayoritariamente por productoras independientes nacionales, cuyos derechos de antena hubieran sido adquiridos con anterioridad a la iniciación del rodaje”. Es casi desopilante. Es decir que el licenciatario de un canal de televisión estará obligado a leer el guión de la película antes que se empiece a rodar, y si le parece que la película será buena adquirir los derechos. Se puede clavar porque la película termine siendo un estará obligado a emitirla, o si es resultó un éxito de taquilla el que se perjudicará es el productor porque habrá vendido sus derechos más bajos de lo que podría haber obtenido. habría más para mencionar, pero estos ejemplos hablan por sí mismos.
En una democracia una ley de radiodifusión es una norma de fondo porque reglamenta derechos constitucionales fundamentales, por eso no sirve que una u otra postura termine imponiéndose por una docena de votos. Es necesaria una discusión larga que traiga aparejado el logro de un consenso sólido y perdurable en el tiempo. Pero la visión del gobierno es diametralmente opuesta, la quiere ahora porque está en guerra con el Grupo Clarín y con cualquier otra expresión que pretenda cuestionar sus deseos. No pretende multiplicar las voces, sólo le preocupa multiplicar la suya. La ley podrá aprobarse pero tarde o temprano será revisada y modificada debido a la porfía del kirchnerismo de adelantar el parto.
La tensión que ha generado este proyecto quedó e evidencia hoy en el plenario de las comisiones de Presupuesto, Libertad de Expresión y Comunicaciones. Mientras el titular del COMFER, Gabriel Mariotto, intentaba explicar los alcances de la iniciativa hubo agresiones, empujones y un asesor de la diputada Victoria Donda insultó a la diputada Graciela Camaño. Fue el inicio de un trámite sinuoso para tratar un proyecto cuyos alcances todavía son difíciles de entrever en toda su magnitud.
2 comentarios:
Cada día más la radio por internet va ganando cantidad de usuarios. No creo que haya gobierno capaz de controlar lo que efectivamente oyen sus ciudadanos. En el último de los casos, siempre queda la opción de la vieja radio de onda corta, que en muchos países tiene vigencia.
Dice el primer Párrafo del Artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos:
Artículo 27
1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.
La cultura es la capacidad de aprender de otros y transmitir a otros ideas, hábitos, costumbres, tradiciones, convenciones etc. Tambien es cultura la acción de esta capacidad y sus productos.
"Participar libremente en la vida cultural de un país" significa participar sin restricciones en este fenómeno de producción, recepción y transmisión de patrones culturales.
Si el propietario de una radio, canal de TV, medio gráfico o cualquier otro medio de comunicación sufre restricciones de cualquier tipo a su libertad de elegir qué trasnmitir, se está violando el Artículo 27 de la Delaración de los Derechos Humanos.
Esto es así a menos que se dé otra interpretación de "vida cultural".
Los intentos de imponer porcentajes u otros límites de emisión de tales o cuales contenidos impiden que el individuo decida qué transmitir y qué no, y por lo tanto, cercenan su derecho a participar libremente de la vida cultural, violando así el primer párrafo del Artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El Gobierno Nacional está impulsando un proyecto de ley que viola derechos humanos básicos, sin embargo se le reconoce como un paladin de la lucha por los derechos humanos. Esta contradicción solo puede deberse a entender por "derechos humanos" a algunos derechos humanos y no a otros.
A veces, el mismo derecho es defendido o ignorado según quien gobierne y en general somos enfáticos al denostar a un militar dictador que decide qué música se escucha en la radio y somos débiles al señalar a un gobierno democrático cuando intenta hacer lo mismo.
Solo los delitos de expresión, como la calumnia, la injuria o la apología del delito deben ser sancionadas, luego de ocurridos y de un debido proceso. Jamás debe cercenarse la libertad antes de que estos hechos ocurran, solo porque resulte posible que ocurran.
La defensa contra los monopolios puede diseñarse juridicamente sin necesidad de dejar en manos del estado el 33% de las frecuencias. Y cuesta realmente mucho imaginar una razón altruísta para esto.
En mi opinión, la unica participación del estado en los medios debe ser la difusión objetiva de los datos de gobierno. Punto.
Por supuesto, tambien está la distribución de la pauta publicitaria. Esto sí debería estar legalmente regulado para impedir que se transforme en una herramienta de presión que pudiera atentar subrepticiamente contra la libertad de expresión.
En un ambiente libre, cuando los medios tergiversan la realidad mediante falacias de énfasis, descripciones tendenciosas y demás elementos conocidos, otras voces aparecerán para señalarlo y la gente leeeentamente aprenderá a reconocer esos engaños. Esa es la defensa natural contra esos males. Es lenta y deja en el camino a muchos engañados, pero es la única que va acumulando un aprendizaje permanente.
En un estado libre, debemos impedir que los individuos se dañen los unos a los otros en el ejercidio de su libertad. Todo lo demás debe permitirse.
Saludos.
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