Hizo falta que, como en el 2006, la ciudad salteña de Tartagal afrontara otra vez la tragedia para que la Presidenta reglamentara la Ley de Bosques, aprobada por el Congreso hace 14 meses. Cabe recordar que el poder Legislativo le concedió un plazo de noventa días al Ejecutivo para reglamentar la norma, tal como declaró el diputado Miguel Bonasso en Contrapunto esta semana, a quien no se lo puede acusar de ser un representante del liberalismo salvaje. Es sólo un atraso de 270 días, que la Presidenta no podrá responsabilizar a los insidiosos medios de comunicación siempre prestos a difundir las miserias, ni culpar a los intereses del Consenso de Washington. La responsabilidad es solo de ella porque esta vez el Congreso cumplió con aprobar una ley respaldada por la sociedad, si se tiene en cuenta que la iniciativa contó con el apoyo de un millón y medio de firmas- La Presidenta no sólo no atendió el plazo establecido por el Congreso, sino que tampoco entendió que era importante atender el reclamo popular.
Sin embargo, hay que ser justo y aun cuando la Presidenta hubiera reglamentado la ley en tiempo y forma, es probable que el aluvión en Tartagal se hubiera producido de todos modos. Ello se debe a que los efectos de las normas relacionadas con el medio ambiente toman tiempo para que se plasmen. Pero la reglamentación tenía que ver con un acto de gestión que demostraría la importancia que el gobierno le da al medio ambiente y a “los que menos tienen”, una expresión siempre presente un los discurso de la señora Kirchner. Es lógico sostener que si el aluvión en Tartagal no hubiera producido el desastre que produjo la ley aún estaría sin reglamentar, porque es evidente que el tema no forma parte de la agenda del kirchnerismo.
A su turno, tanto el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey y el secretario de medio ambiente, Homero Bibiloni, negaron que la causa del aluvión en Tartagal haya sido ocasionado por desforestación. Entonces cabe preguntarse cuál es la razón por la cual la Presidenta decidió cumplir con lo que había establecido el Congreso. Así, se demuestra –al menos en esta cuestión- una evidente falta de gestión y una gran dosis de soberbia.
El diputado provincial salteño del Partido Renovador Carlos Sosa explicó sobre las obras encaradas por el gobierno luego del desastre del 2006, que la canalización del Río Tartagal “está mal hecha y salió $ 80 millones y recién se hizo la primera etapa. El revestimiento es muy fino y fue comido por el agua que lo sobrepasó. También debió haberse cambiado el puente ferroviario, que se convirtió en un verdadero dique, por otro de material”.
La Presidenta se quejó de la prensa en el transcurso del anuncio, porque los medios sólo reflejan la tragedia, pero no las obras que el gobierno había implementado en la zona de Tartagal. Es cierto que el gobierno ha invertido, pero también es evidente que esas inversiones no han sido suficientes independientemente si las causas del fenómeno fue la desforestación o no. Una vez más el problema es la gestión, que la Presidenta intenta disimular atacando fantasmas del pasado y del presente.
1 comentarios:
Excelente Martín Pitton!!
jueves 12 de febrero de 2009
Desastre en Tartagal: Y sigan desmontando (Urtubey & Romero)
Terrible mensaje de los Vecinos Autoconvocados de Tartagal ante el desastre ocurrido, que ellos insisten es el resultado de la permanente violación del medio ambiente que ocurre en Salta.
TARTAGAL (Vecinos Autoconvocados). Lo que los medios no dicen:
1. En el año 2007 la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta, con el aval de su entonces gobernador Juan Carlos Romero, autorizó el desmonte de 400.000 hectáreas de bosques nativos, ante la inminente sanción de la Ley de Bosques (equivalente a 40 canchas de fútbol por hora).
2. El 6 de julio de 2007, el Gobierno de Salta autorizó a la firma Los Dos Ríos S.A., el desmonte de 1.670 hectáreas declaradas, por la Unesco, reserva de biosfera de las yungas, en fincas Abra Grande y Abra Chica, cerca de Orán.
3. El intendente de Tartagal, Sergio Leavy, declara que los troncos que hicieron el embudo al río tenían una altura de 10 metros y dice "no saber de dónde salieron".
4. El gobernador de Salta, Dr. Urtubey, atribuye el desastre a una causa natural, sin mencionar que las obras en el río Tartagal iniciadas en el año 2006 no fueron terminadas.
5. El alud no fue sólo de barro sino de troncos secos bajados de los cerros que todos los ciudadanos observaron no habían sido arrancados por la fuerza de las lluvias sino cortados en la deforestación y apilados en la espera de que los aserraderos del lugar (siendo uno de los mayores, propiedad del intendente Leavy) los retiraran para su usufructo. Probablemente 'bajaban' también del desmonte del tamaño de la Ciudad de Buenos Aires, que está realizando la finda Las Maravillas, en el Departamento San Martín.
6. 2 muertos, 12 muertos, 12 desaparecidos, 2.000 viviendas arrasadas, 1.000 evacuados, autos 'tragados' por el río, cortes de luz, de agua, de teléfono.
7. La ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner; el ministro Randazzo; el gobernador Urtubey, se encuentran hoy en la zona, pero no estuvieron ayer ni en el 2006 sus antecesores, como tampoco estarán cuando los troncos vuelvan a los aserraderos y la greda se limpie de las calles y casas de una ciudad en un 40% inundada por la indiferencia, el comercio vil de la naturaleza, la ineptitud, la falta de protección del medio ambiente y el absoluto cinismo de quienes gobiernan ante las cámaras de TV mientras destruyen solapadamente nuestra riqueza biológica.
8. Mientras tanto, esperamos que la Sra. Presidente Cristina de Kirchner se decida a impulsar la reglamentación de la Ley de Bosques Nº26.331 del 28 de noviembre de 2007, que duerme el sueño de los justos a la espera de la destrucción total de nuestros recursos naturales.
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EL EX GOBERNADOR DE SALTA
Ahora, Romero va por el fin de los desmontes que avaló
El senador quiere prohibir la tala de bosques, práctica que avaló de modo indiscriminado en su gestión. Pedirá la emergencia en Tartagal por el alud.
Fueron dieciocho los pueblos originarios que se vieron obligados a acudir a la Justicia para evitar los 195 pedidos de desmonte que entre los años 2004 y 2007 el ex gobernador había habilitado.
El senador nacional Juan Carlos Romero, quien durante su gobernación permitió la tala indiscriminada de bosques en la provincia de Salta, presentará ahora junto a un grupo de legisladores un proyecto de ley para que, entre otras solicitudes por las consecuencias del alud, se declare la emergencia social y económica por 180 días de Tartagal y se prohíban en forma definitiva los desmontes en la cuenca del río homónimo. Lo curioso es que el ahora ecologista senador desoyó durante años el reclamo de las comunidades originarias que tuvieron que recurrir a la Justicia para impedir el desmonte de 807 mil hectáreas que durante su gobierno había sido autorizado. En diciembre pasado, la Corte Suprema de la Nación avaló el pedido de las 18 comunidades azotadas por la deforestación y suspendió el avance de los 195 pedidos de desmonte que entre los años 2004 y 2007 el ex gobernador había habilitado en los terrenos de cuatro departamentos salteños. A pesar de la insistencia de los afectados, el actual senador nacional aprobó además el desmonte de casi medio millón de hectáreas poco tiempo antes de la sanción de la Ley Nacional de Bosques del 28 de noviembre de 2007, que establece que las provincias no pueden emitir nuevos permisos de desmonte hasta tanto no realicen un ordenamiento territorial de sus zonas boscosas. De todos modos, al no estar reglamentada la ley nacional y debido a las modificaciones introducidas por los legisladores salteños a la ley de ordenamiento territorial, según técnicos del Consejo Superior de la Universidad de Salta se permite la prórroga por tres años de las autorizaciones ya otorgadas para el desmonte y el achicamiento de las áreas protegidas a los márgenes de los ríos, medidas que van contra el espíritu de la ley.
Fuente: criticadigital.com
Salta es una de las provincias con mayores niveles de deforestación del país. Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2002 la superficie deforestada en la provincia fue de 194.389 hectáreas, mientras que entre 2002 y 2006 se duplicó la superficie desmontada, alcanzando las 414.934 hectáreas (Greenpeace).
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