La postura de la Corte fue la respuesta a las críticas que la Presidenta viene haciendo desde que el gobierno sufrió varios reveses judiciales, a raíz de los DNU del Fondo del Bicentenario y del Fondo del Desendeudamiento. En este contexto, Cristina Fernández acusó a los jueces de quererla sacar del poder al estilo Honduras, habló de “jueces delivery”, alquilados y que las excarcelaciones estaban tabaludas. Dicho en otras palabras, que algunos cobran coimas para liberar presos. Por supuesto, la Presidenta no aportó ninguna prueba de sus acusaciones y ni siquiera reparó que el suspendido juez Federico Faggionato Márquez, que también es investigado por enriquecimiento ilícito, es sostenido por el gobierno.
"El límite de las críticas es la razonabilidad y el respeto a la garantía de independencia judicial que esta Corte está obligada a preservar como cabeza de un poder del Estado", dijo la Corte en otro pasaje del comunicado. A su vez la Presidenta contestó: "Me parece que no midió exactamente el peso específico que representa la importancia de garantizar la libertad de expresión de todos los ciudadanos”.
La Corte no cometió ningún exabrupto pidiendo mesura, que no tiene nada que ver con la censura; que jamás se pide sino que se impone. Nada más alejado un concepto de otro.
El comunicado de la Corte es correcto y medido, y no apunta a que la Presidenta no exprese sus ideas; tampoco a que el Poder Judicial quede eximido de ser criticado. Pero la Presidenta debe hacer estas críticas con medida por las responsabilidades que tiene, eso es lo que pide la Corte. Por caso, Cristina Fernández no puede criticar el fallo de una jueza argumentando que está en pareja con otro juez que también tuvo fallos adversos al gobierno. Pero nada le impide a la Presidenta que critique una sentencia con argumentos jurídicos, pero es inadmisible que lo haga desde la órbita de la vida privada. Algo similar ocurre con la acusación que hizo Cristina Fernández sobre las excarcelaciones, la Presidenta debe presentar pruebas para sostenerla. Pero no lo hizo, prefirió sembrar una manto de sospecha sobre todos los jueces.
La Corte intentó calmar los ánimos desde una prudente distancia de los vaivenes políticos, algo que es saludable en un contexto político tan crispado. El Poder Judicial, cuyo objetivo es la resolución de conflictos, siempre debe mantenerse unos metros alejado para no perder la mesura que debe tener todo aquel que debe juzgar.
La exhortación que hizo la Corte es la misma que hace gran parte de la sociedad, que se ha convertido en un espectador pasivo que contiendas en las que, muchas veces, el sentido común está ausente. Desafortunadamente, la Presidenta no sólo no escucha a la Corte, tampoco al pueblo.
1 comentarios:
Hola Martín.
No estoy de acuerdo con el comunicado de la Corte Suprema.
Las personas son libres de expresar sus opiniones. Esto vale tanto para los ciudadanos comunes como para los funcionarios.
Si las opiniones son acusaciones concretas a otros individuos, quienes acusan tienen el derecho de acudir a la justicia y acusar; pero no estan obligados.
Si las acusaciones informales son injustas, los individuos afectados tienen el derecho a recurrir a la justicia; pero no están obligados.
Fuera de esto, la "responsabilidad" y la "mesura" de los dichos de la Señora Presidente deben ser evaluados por la ciudadanía y su aprobación o rechazo debe manifestarse a través de los votos.
El Poder Judicial no debe verter opiniones acerca de aspectos de la gestión de gobierno que es potestad de la ciudadanía evaluar, como lo son su responsabilidad y su mesura. Por supuesto, cualquier juez de la corte puede opinar, pero no el Poder Judicial, no la Corte Suprema de un modo institucional.
Podría ser el caso que la mayoría del electorado prefiera un presidente desmesurado. En ese caso, la exhortación de la Corte sería contraria a la voluntad de la mayoría y por ello, contraria al espíritu de la Democracia.
Saludos, Martín.
Publicar un comentario