Es decir, cualquiera que no apoya al matrimonio presidencial está enrolado en una conspiración para que a la Presidenta le vaya mal, seguramente porque es mujer y anda sobre tacos; que al parecer cada vez son más altos y no le permiten tomar contacto con la realidad. Julio Cobos, Héctor Magnetto, Martín Redrado, la jueza María José Sarmiento, los periodistas y la oposición se reunieron en una cabina de teléfono y decidieron golpear al gobierno porque no tienen nada mejor durante el verano aunque haya empezado el programa de Ricardo Fort.
Es sorprendente el módico análisis que hace la Presidenta cuando es el gobierno el único responsable de esta crisis, para la que no había ni necesidad ni urgencia pero sí una lectura errada sobre el cambio de la realidad política a raíz del resultado electoral del 28 de junio. Es claro que los Kirchner no infunden tanto temor como en sus épocas de gloria y los efectos de “pingüino rengo” se irán acentuando a medida que pasen los meses. Por eso, sería importante que en el gobierno se fueran percatando de ello para tratar de hacer las cosas un poco más prolijas.
Las declaraciones de la Presidenta lastiman a toda la sociedad que está muy alejada de los Magnettos, los Cobos, los fondos buitre y la intrincada lógica de las razones judiciales. Es más, ya nadie entiende por qué esa señora que se supone que lleva las riendas del país siempre está enojada y denunciando sin fundamentos razonables maniobras de todo en su contra. La gente se cansa de las victimizaciones, la incoherencia y de las contradicciones permanentes.
Es paradójico que la Presidenta que denuncia ser víctima de una conspiración mediática/judicial/opositora, sea la misma persona que hace pocos días junto con su marido consiguió que la justicia convalidara un crecimiento patrimonial del 154% en sólo un año. La Argentina se vuelve cada vez más una caricatura de sí misma.
El gobierno ha demostrado que no duda en profundizar la crisis desatada por la caja del Fondo del Bicentenario y presionar a quien se le atreva a hacerle frente. Una claro ejemplo de esto último es la intimidación que sufrió la juez Sarmiento, cuando un patrullero de la Policía Federal permaneció varias horas en la puerta de su domicilio sin que ella hubiera solicitado custodio. Recordemos que la Policía Federal depende del Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, que utiliza la fuerza en base a sus conveniencia política. Es claro que la policía no está para que Fernández la utilice como la guardia pretoriana del kirchnerismo. Hace ya mucho tiempo que el gobierno dejó en claro que no conoce de límites. No es la primera vez ni tampoco será la última.
Para muchos, Martin Redrado se ha convertido en un héroe, un émulo de Julio Cobos que hoy tiene el índice más alto de imagen positiva entre los políticos. Sin embargo, ambos no tuvieron reparos en su momento de obedecer a los Kirchner por convencimiento o por conveniencia personal; ninguno podrá decir que ahora se da cuenta que el matrimonio tiene un dudoso concepto de lo que significan las instituciones y el respeto a las leyes. Nunca se lo escuchó a Redrado quejarse sobre el falseamiento de las estadísticas del INDEC, que por cierto, tienen una estrecha relación con las actividades del BCRA. Redrado no llegó al gobierno hace 10 minutos hace algo más de seis años que obedece al matrimonio presidencial en silencio, y cada vez que un ministro de economía fue reemplazado su nombre siempre figuró entre los posibles. Por eso, hay que ser muy claro que oponerse a las acciones del gobierno no implica defender a Martin Redrado porque de lo que se trata es de defender la ley que los Kirchner pretenden ignorar cada vez que éstas se convierte en obstáculos para la implementación de sus objetivos. Objetivos que por lo general se basan en dos pilares: control y administración arbitraria de fondos públicos y evasión de los controles correspondientes.
Por esta razón, no hay que equivocarse Redrado no es el último mohicano que sigue dando batalla al hombre blanco, como el Grupo Clarín no es es el adalid de la libertad de prensa. Son emergentes circunstanciales moldeados por el propio gobierno, que en todo caso, desnudan la orfandad de alternativas de poder que padece hoy la Argentina.
Hoy es negocio despegarse de los Kirchner, como en su momento lo fue el caso inverso. Clarín, Cobos, la UIA, el campo y también Redrado –el héroe del momento- todos abrevaron del kirchnerismo en la época de vacas gordas. A ninguno de ellos en su momento les importaron las instituciones, la Constitución ni la legalidad; siempre fueron cuestiones menores divorciadas de la realidad política y económica más propias del mundo académico. Hoy nadie puede asustarse porque acá no ninguno es un “paracaidista húngaro”, como al mismo Kirchner le gusta azuzar cuando alguien se hace el distraído.
No es necesario ser abogado ni entender siquiera de leyes para darse cuenta que la embestida contra Redrado es ilegal. Basta con leer por encima la Carta Orgánica del Banco Central. El artículo noveno establece el mecanismo de remoción del presidente: “La remoción de los miembros del directorio será decretada por el Poder Ejecutivo Nacional cuando mediare mala conducta o incumplimiento de los deberes de funcionario público, debiéndose contar para ello con el previo consejo de una comisión del Honorable Congreso de la Nación”.
La norma no deja lugar a dudas cuando prescribe que antes de remover a algún miembro del directorio, el Poder Ejecutivo deberá contar con “el previo consejo de una comisión” del Congreso. Sobre el punto no hay una cuestión de bibliotecas contrapuestas (el Derecho en general es bastante claro si se lo interpreta con buena fe) y lo prescripto por el artículo es taxativo. Si dijera “pudiéndose” en vez de “debiéndose”, el Poder Ejecutivo estaría facultado para escuchar o no el consejo de esa comisión; pero en este caso el legislador lo obliga a hacerlo.
Sin embargo, para eludir este requisito la Presidenta encontró una explicación que no tiene tiene ningún tipo de asidero jurídico. En los fundamentos del DNU expresa que el consejo previo “no tiene carácter vinculante” para el Poder Ejecutivo, argumento que lo sustenta en los considerandos del decreto a través del cual fue removido de la presidencia del Banco Central Pedro Pou del 25 de abril de 2001 que sostenía que el consejo de la comisión bicameral “carece de fuerza vinculante para el Poder Ejecutivo” y que por lo tanto “no produce efectos jurídicos en forma directa”. Es rigurosamente cierto que la opinión de la comisión no es vinculante y que como consecuencia de ello no produce efectos jurídicos directos, pero eso no significa que el requisito pueda soslayarse. En todo caso, deberá discutirse la conveniencia de mantener el requisito de la ley, modificarlo o eliminarlo. Es más, aun cuando Fernando De la Rúa criticó la cuestión en el decreto mencionado, no esquivó el requisito como sí lo hizo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Por otra, parte y haciendo una mínima interpretación de la norma, es obvio que el legislador tuvo por objetivo que la remoción de cualquier miembro del directorio de la entidad no recayera únicamente en manos del Ejecutivo. Además, no parecería coherente que si se requiere acuerdo del Senado para integrarlo a la hora de la remoción el Legislativo ni siquiera opine. Si bien es cierto que dicho consejo no tiene fuerza vinculante ni tampoco genera consecuencias jurídicas directas, no es menos cierto que las consecuencias de la opinión de la comisión bicameral encierra cuestiones políticas. Así, si el consejo de la comisión es en contra de la remoción, el Ejecutivo deberá esmerarse mucho en sus argumentos para tomar la decisión en contrario.
En el DNU firmado por la Presidenta y su gabinete también se advierte que la opinión de la comisión no era posible de ser escuchado, porque el Congreso se encuentra en receso estival y las comisiones del Senado aún no se han constituido. Bueno, la remoción del presidente Central amerita que Cristina convocara a sesiones extraordinarias, pero eso ponía al oficialismo en riesgo de recibir una contundente derrota política; donde probablemente el mayor beneficiado terminara siendo el vicepresidente opositor Julio Cobos.
La otra norma que no deja lugar a confusión es la contenida en el artículo 3: “En la formulación y ejecución de la política monetaria y financiera el Banco no estará sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional”. Es aquí donde se hace operativa la tan mentada autarquía del Banco Central, que no quiere decir que la entidad se ponga en contra de la política económica del gobierno, sino que debe haber un equilibrio y una negociación para llegar a un consenso lógico. Pero acordar en la lógica de los Kirchner implica claudicar.
El kirchnerismo ha desnudado con este episodio lo que venía siendo un secreto a voces y que se ha confirmado en estos últimos días, ignorar al Congreso y esquivarlo como sea posible. Esto implica, además de una pésima práctica política reñida con la legalidad, desconocer la voluntad popular que en las últimas elecciones se ha pronunciado por ejercer un mayor control sobre el gobierno.
El kirchnerismo ha decidido seguir tensando la cuerda y redoblar frenéticamente la apuesta, aunque ello implique que el país pierda la ya de por sí mínima credibilidad que tiene. Nada importa cuando los Kirchner tienen algo en la cabeza, y parece ser que la Argentina debe adaptarse sistemáticamente a sus caprichos. Pero desafortunadamente, sus berrinches siempre terminan generando los resultados contrarios a los que dicen fueron sus objetivos. Un buen ejemplo de esto es lo que sucede con el campo. El gobierno siempre sostuvo que su “política agropecuaria” tenía entre sus objetivos reducir la sojización de las áreas cultivables, sin embargo año tras año se siembra cada vez más soja. Es cierto que en los últimos años la cotización del commodity ha sido muy favorable, pero los Kirchner y el fiel Guillermo Moreno metieron mano en el trigo, en la leche y en la carne; favoreciendo a los grandes grupos y perjudicando a los pequeños productores que siempre dijeron defender y todos terminaron apostando al “yuyo”. No parece una política muy progresista que digamos.
Salvando las distancias, esta crisis guarda alguna similitud con lo anterior. Hay que recordar que, según explicó el gobierno, el objetivo del Fondo del Bicentenario fue que los acreedores tuvieran la certeza que la Argentina dispone de los fondos suficientes para hacer frente al pago de sus deudas. Sin embargo, lo que quedará de esta crisis será todo lo contrario.
2 comentarios:
El post es de 10!!! Contundente!!! Adhiero en todo lo que decís.
brillante análisis de la situación, (como siempre)
Publicar un comentario