No es la primera vez que los legisladores votan un proyecto de ley sin haberlo leído bien. Ello fue lo que habría ocurrido en la última sesión en la Cámara de Senadores donde se convirtió en ley un proyecto del diputado Francisco De Narvaéz, que exime del pago de las retenciones en 22 partidos de la provincia de Buenos Aires que fueron declarados zona de desastre mientras que en otros 15 la quita será del 50 por ciento. En ambos casos el beneficio se extiende por seis meses.
La aprobación de la iniciativa por parte de los diputados y senadores oficialistas, en sentido totalmente contrario a la posición del gobierno, hace pensar que se trató de un error tal como señalaban fuentes de Unión Pro con no poca ironía. “Hubo un error”, no se cansaba de decir ayer el diputado oficialista Alberto Cantero Gutiérrez, presidente de la Comisión de Agricultura."La instrucción que dimos fue que todo lo que estaba fuera de la ley 22.913 no debía ser incluido en la prorroga de emergencia. Eso no debió haber estado. Fue un texto que no debió haber ido", declaró el diputado. Sin embargo, otros –también enrolados en las filas del gubernamentales- explican que la iniciativa es producto de un acuerdo con los representantes bonaerenses para evitar que desertaran. No se ponen de acuerdo y ahora la Presidenta tiene la posibilidad de vetar parcialmente la ley.
La cuestión tiene un costado paradójico porque mientras se convertía en ley la prórroga de las facultades delegadas, entre las cuales se destaca la fijación de los derechos de exportación; el Congreso retomó en este caso sus propias facultades.
Si bien la aplicación de la Ley De Narvaéz no ocasionará un agujero fiscal, argumento que ahora esgrime el gobierno ´para no bajar las retenciones, el costo político de dar marcha atrás no será mínimo lo mismo que la negligencia de sus propios legisladores de votar sin prestar la más mínima atención. Se calcula, que como la mayoría de la cosecha ya se comercializó y muchos productores la perdieron en su totalidad debido a la sequía, el impacto de la ley no superaría los U$S 200 millones.
1 comentarios:
En torno a cada senador existe una estructura de colaboradores y gastos de representación que los transforma virtualmente en pequeñas empresas dentro del Congreso.
El costo de esa estructura no es para nada desdeñable y resulta decididamente inaceptable que se voten leyes sin que ningún senador y ningún colaborador de ningún senador, se dé cuenta que la ley incluye todo un parrafo de más.
Es como que están pelotudeando ¿no?
Saludos.
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