EL FINO PALACIOS EN LA MIRA DE TODOS

Mauricio Macri debe haber pensado que el nombramiento de Jorge “El Fino” Palacios podría pasar bastante inadvertida, en medio de la derrota kirchnerista y de la polémica que está generado la gripe A. Después de todo el PRO había triunfado en la Ciudad y en la Provincia de Buenos Aires, y por estos días el gobierno no está en condiciones de criticar a nadie; mucho más preocupado en reconstruir su poder luego de la derrota del domingo. Las condiciones parecían presentarse como inmejorables. Por eso, decidió actuar rápido y firmó el nombramiento del polémico comisario. Sin embargo, la decisión de encumbrar a Palacios como primer jefe de la Policía Metropolitana está generando una crisis de tal magnitud que será difícil que el Jefe de Gobierno pueda superarla sin pagar el costo político. Además, descubre la verdadera concepción que tiene Macri sobre la seguridad, la mano dura con las prácticas más “tradicionales” de la Federal.

La comunidad judía también ha salido a criticar duramente la designación de Palacios y fue calificada como de “burla” por Sergio Burstein, integrante de la asociación de Familiares de la Víctimas de la AMIA. En la Legislatura, donde Macri tiene una holgada mayoría, la cuestión promete ser ríspida. La presidenta de la Comisión de Seguridad Silvia La Ruffa (Frente para la Victoria) ya anunció que quiere citar al Ministro de Seguridad Guillermo Montenegro para que dé explicaciones y en la misma línea se pronunció el Presidente del bloque del Acuerdo Cívico y Social, Sergio Abrevaya. Inclusive, el legislador adelantó que podrían aprobar una ley en la que se pidan determinados requisitos al jefe de la policía que Palacios no podría cumplir. Por su parte, el kirchnerista Diego Kravetz apunta a modificar la ley de seguridad y establecer el requisito que el jefe y el sub jefe de la policía sean propuestos por el Jefe de Gobierno pero con acuerdo de la Legislatura. El legislador tiene pensado convocar a una sesión especial para los próximos días.

El ex juez Guillermo Montenegro que llegó al gabinete de Macri de la mano de Gabriela Michetti, ha sido el encargado de implementar la defensa mediática del polémico policía. “No encuentro elementos para cuestionarlo. Palacios ya está trabajando, no hay marcha atrás. Evalué los cuestionamientos que se iban a hacer y ninguno me pareció de la contundencia necesaria como para desistir”, explicó el ministro porteño en su raid de medios y aseguró: “Hay un cuestionamiento de que del teléfono del señor Palacios se habían hecho dos llamados a Kanoore Edul. Se llamó para ver si estaba en la casa. Se lo detuvo en la puerta (a Edul).No entiendo cuál fue la animosidad.Tengo claro las implicaciones de Palacios en la causa. No hay nada de involucramiento penal en la investigación. Entiendo que es la persona más capacitada para ocupar el cargo”.

Alberto Nisman en Contrapunto

Sin embargo, el fiscal general de la causa Alberto Nisman no cree lo mismo. Hace alguno meses presentó al juez Ariel Lijo, a cargo de la investigación de la cadena de encubrimientos en el atentado contra la AMIA, un pedido de procesamiento contra Palacios. En Contrapunto, Nisman declaró que “procede el procesamiento y las pruebas son contundentes”. Para el fiscal, Palacios es autor de destrucción y adulteración de documento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de actuar en la persecución y represión de delincuentes en calidad de partícipe necesario. Así, a pesar de lo declarado por el ministro Montenegro hay un claro involucramiento penal, algo que puede ser percibido hasta por un estudiante de Derecho. Por eso no es aventurado afirmar que Montenegro defiende lo indefendible y trata de restarle importancia a las imputaciones que hace Nisman pero basta con leer alguno de los tramos del pedido de procesamiento del fiscal para comprender que Palacios –por lo menos- debería estar preocupado.

El 1 de agosto de 1994 se había ordenado allanar dos domicilios pertenecientes a Kanoore Edul, un de los imputados en el atentado. En su escrito Nisman sostiene: “Habrá de recordarse que a las 11:29 y 11:36, respectivamente, del 1° de agosto de 1994, las fincas ubicadas en Constitución 2633 y Constitución 2745 cuyo registro domiciliario ya estaba ordenado, recibieron llamadas telefónicas desde el abonado celular N° 411-5884 que no sólo estaba registrado a nombre del Comisario Jorge Palacios sino que se comprobó que era él quién lo utilizaba, autoridad policial a quien Galeano designó en el decreto del 31 de julio 1994 para llevar a cabo los registros domiciliarios ordenados respecto de las fincas de la familia Kanoore Edul”. Más adelante el fiscal se pregunta “¿Qué otra razón que no fuese beneficiar a los Kanoore Edul pueden haber tenido estos llamados tan celosamente ocultados?”.

“Esto es parte de una gran maniobra para proteger a un imputado, Kanoore Edul. Ha quedado ampliamente demostrado, que esto surge a partir de un pedido que le hace el padre de Kanoore Edul al ex presidente Menem”, revela Nisman. En este marco, no se debe olvidar que la carrera de Palacios recibió un fuerte espaldarazo mientras Carlos Corach se desempañaba como Ministro del Interior.

La línea telefónica desde la que Palacios realizó las llamadas a los domicilios que se iban a allanar,   números que no figuraban en el sumario, es decir que sólo él los conocía, fue ocultada por el ex policía cuando el tribunal oral que juzgaba el atentado contra la AMIA se lo preguntó. Palacios sólo reveló la línea que le había dado la Policía Federal, otra conducta que implicaría cometer el delito de falso testimonio y que Montenegro prefiere soslayar.

Nisman sostiene que “las llamadas del Comisario Palacios no son ni de 3 ni de 5 segundos de duración, son de bastante tiempo más de poco menos de un minuto”; en respuesta a lo declarado por Montenegro en el programa que conduce Jorge Chamorro por Radio América, quien había declarado que se trataba de llamadas muy cortas. “es una explicación inverosímil e inconsistente”, explica Nisman sobre las declaraciones de Montenegro.

El ministro Montenegro habla de “animosidad” en la cerrada defensa que ensaya de Palacios, pero es muy probable que el flamante jefe de la Policía Metropolitana deba exponer argumentos bastantes más contundentes si quiere convencer al juez que actuó apegado a ley.

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