EL AFUERA TAMBIEN EXISTE

La Presidenta Fernández de Kirchner lanzó un paquete de medidas compuesto por tres pilares: fomentar la demanda, sostener la oferta y un guiño al agro bajando en un 5 por ciento las retenciones al maíz y al trigo. Independientemente del verdadero alcance de este paquete, el anuncio contiene dos datos positivos desde el punto de vista político. Las palabras de la Presidenta, más allá de algunas expresiones soberbias a las que ya nos tiene acostumbrados y que ella considera una manera de desacartonarse, admiten que en el mundo hay una crisis. Primero existe un mundo más allá de Venezuela, algo que hasta el momento el gobierno parecía no haber considerado, pero además ese mundo está en crisis y nos afecta. Es un buen inicio. Muy lejanas parecen las bravatas presidenciales que aconsejaban a los norteamericanos implementar un Plan B. Parece que el gobierno entendió que el Efecto Jazz se coló entre nosotros más rápido de lo que los estrategas kirchneristas suponían. Claro, hay algo que se llama globalización y que no se la puede negar con encendidos discursos. La realidad siempre tiene la particularidad de demoler los postulados vacíos.

El otro dato positivo es que por primera la Presidenta reconoció que el nivel de retenciones es demasiado, al menos para el trigo y el maíz. Sin embargo, para la soja, la carne y la leche no hay tregua; aún deben seguir bajo la lógica del disciplinamiento kirchnerista. Un error porque la soja es el cereal que más divisas aporta al país y en el caso de la carne ACREA sostiene que con este nivel de consumo a partir del 2011 la Argentina va a tener que importarla. Un verdadero disparate, pero es una más de las contradicciones que en el país son una política de estado.

La baja de retenciones en el maíz y el trigo no tendrán, a juicio de los productores, ningún efecto porque son lanzadas ignorando el ciclo productivo de ambos cereales. En el mismo coincidieron sentido varios economistas como Carlos Melconián, al advertir que el gobierno se ha metido tanto en la comercialización del trigo y el maíz que terminaron siendo poco relevantes para la economía local. Hay que destacar que las frutas y el pescado hoy tienen más importancia en términos de exportaciones que el maíz y el trigo. De esta manera, para Ricardo Buryailde, vicepresidente de CRA, los programas Trigo Plus y Maíz Plus también lanzados ayer son una ficción. Es claro que al gobierno todavía le falta estudiar mucho acerca del funcionamiento del sector agropecuario, aún cuando la Presidenta dice haber hecho los deberes en este sentido y de haberse autocalificado como una experta en carne y en soja; aquel yuyo que tatos dolores de cabeza le trajo.

El anuncio del auto económico que tanto se había filtrado en los últimos días poco se supo, sólo que se contaría con una línea de crédito por $ 3.100 millones para la adquisición del primer 0 kilómetro. El gobierno pretende que las terminales y las concesionarias no tengan rentabilidad por la comercialización de ese económico sobre el que ayer faltaron las definiciones más básicas. Parece que todavía Deborah Giorgi y Guillermo Moreno no han decidido si le van a sacar el CD o el aire acondicionado. Lo curioso es que el gobierno pretende que las terminales y las concesionarias resignen su rentabilidad, pero nada se dice de bajar una parte de los impuestos que en el caso de los autos alcanzan prácticamente al por ciento del precio final. Todos ponen menos Cristina.

Hay otros dos interrogantes que todavía no fueron develados. El primero es de dónde van a salir los $ 13.200 millones para financiar todos los anuncios. Por supuesto, los fondos estatizados de las AFJP están en primera fila y habría que ver si no se reasignan partidas del Presupuesto. La otra pregunta es la implementación de las medidas. No sería la primera vez que el gobierno hace un anuncio rimbombante y a la hora de ponerlo en práctica la burocracia y la falta de decisión política lo tornan impracticable. Basta recordar las constantes quejas de los tamberos para acceder a los reintegros. Sin embargo, a la hora de posar una mirada positiva sobre los anuncios, ayer la Presidenta demostró que el mundo no terminaba en el conurbano. Existe “el afuera”.

El otro dato saliente es que ayer el plenario de comisiones de Presupuesto y Legislación Laboral de la Cámara de Diputados, emitió dictamen de mayoría sobre el proyecto de repatriación de capitales. Un proyecto controvertido porque permite la entrada de capitales sin analizar su origen, y como consecuencia le abriría las puertas al lavado de dinero producto del tráfico de armas y de drogas. Una visión para nada antojadiza si se tiene en cuenta la cantidad de mexicanos que deambulan por los juzgados argentinos.

El ministro del interior, Florencio Randazzo que ofició como vocero del gobierno en la cuestión se cansó de decir que nadie quiere garantizar la impunidad y que el gobierno no pretende que el país se convierta en una plaza receptora de fondos de origen ilegal que, incluso, podrían tener su origen en el terrorismo. Pero como generalmente pasa con el kirchnerismo, las declaraciones terminan en contradicción con los hechos. Veamos: el artículo 31 dispone que las personas físicas o jurídicas que quieran repatriar capitales deberán extender un certificado que informe la entidad del exterior donde estaban depositados los fondos, nombre y apellido y domicilio del titular, importe del depósito en moneda extranjera y lugar y fecha de su constitución. Como puede verse nada dice sobre el origen de los fondos. Pero para que no queden dudas el artículo 32 es más contundente en este punto: “…no estarán obligados a informar a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, sin perjuicio del resto de las obligaciones que correspondan, la fecha de compra de las tenencias ni el origen de los fondos con las que fueran adquiridas…”. Queda bien claro que el gobierno está dispuesto a recibir fondos de cualquier origen. Si, como sostiene Randazzo, no se pretende garantizar la impunidad de nadie el proyecto debería ser más restrictivo en cuanto a los requisitos. No cabe duda que las palabras del ministro son contundentemente desmentidas por el propio gobierno al que pertenece.

El artículo 40, que tanto ha cuestionado la oposición es directamente desopilante: “Ninguna de las disposiciones de esta ley liberará a las entidades financieras o demás personas obligadas, sean entidades financieras, notarios públicos, contadores, síndicos, auditores, directores u otros, de las obligaciones vinculadas con la legislación tendiente a la prevención de las operaciones de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo u otros delitos previstos en leyes no tributarias, excepto respecto de la figura de evasión tributaria o participación en la evasión tributaria”.

No parece que la advertencia contenida aquí vaya a generar demasiada preocupación en los carteles del narcotráfico. Incluso hasta parece una burla la mención al lavado, es casi como para guardar las formas pero de ninguna implica que se quiera luchar contra la llegada de este tipo de fondos. Parece que la desesperación por dinero fresco que tiene el gobierno es dramática, en el mejor de los casos. En el peor podría pensarse que todo esto se funda en el blanqueo de capitales provenientes de la corrupción. Cabe preguntarse si es una mera casualidad que en los últimos meses se haya detectado actividades de carteles mexicanos de narcotráfico, y el intento del gobierno de aprobar este proyecto. Esperemos que sólo sea la desesperación con conservar una caja abultada y el resto sean sólo especulaciones antojadizas de este periodista.

Por otra parte, el proyecto libera a quienes traigan sus fondos negros de la figura de evasión tributaria o participación en evasión tributaria. Así, se premia claramente a los corruptos, por eso es que esta iniciativa se parece más a una amnistía que a un intento de tentar a aquellos que tienen fondos en el exterior de traer su dinero. Es muy difícil pensar que alguien que se enriqueció gracias a la corrupción se presente en la AFIP a pagar impuesto a las ganancias. Pero además, el mismo artículo haría caer los procesos judiciales en marcha. Algunos tan emblemáticos como Skanska o los fondos que llegaron a la Argentina de la mano de Antonini Wilson. Aunque los voceros del gobierno digan lo contrario, este proyecto premia a los corruptos, le abre las puertas de la Argentina a los carteles del narcotráfico para invertir sus capitales y pone en peligro las causas penales que ya están en marcha. Ni el menemismo se atrevió a tanto.

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