IMPUNIDAD INTELECTUAL

El Secretario General de la Presidencia es Oscar Parrilli, y ocupa ese cargo desde el 25 de mayo del 2003; es decir desde que Néstor Kirchner asumió la presidencia. La confianza que le dispensa el matrimonio es tanta, que fue uno de los funcionarios que conservó su puesto cuando Cristina reemplazó a su marido.

Trabajador incansable, Parrilli rara vez se retira de la Casa Gobierno antes de las 11 de la noche, y quien lo conozca sabe que el Secretario General es un ferviente defensor del gobierno desde lo ideológico. Parrilli es un soldado y no ahorra energías para defender vehementemente las decisiones de las dos administraciones kirchneristas.

Una de sus principales funciones ha sido, desde el 2003, ser el enlace con las organizaciones piqueteras cercanas al kirchnerismo. Por esta razón, no es raro ver a Luis D’Elía esperando su turno en la antesala de la privada para entrevistarse con el funcionario.

En 1993, Oscar Parrilli ocupaba una banca en la Cámara de Diputados e integraba el bloque Justicialista. A fines de abril fue el miembro informante por el oficialismo del proyecto de ley que había enviado el Poder Ejecutivo –encabezado por eso entonces por Carlos Menem- para reformar el sistema previsional. Una vez que se convirtió en ley ese proyecto fue el que puso en práctica el sistema de capitalización, llamado comúnmente de jubilación privada que el gobierno ha resuelto estatizar tal como ayer anunció la Presidenta. El por ese entonces diputado Parrilli fue un defensor vehemente de la iniciativa, que Cristina ha calificado como parte de una verdadera “política de saqueo”. El hoy funcionario kirchnerista admitió en una entrevista radial que se equivocó y que la realidad el sistema no funcionó como se esperaba. Claro, es difícil saber, utilizando un razonamiento tan simplista, si en diez años Oscar Parrilli no pensará que la decisión que ahora está tomando el gobierno –perteneciente al mismo partido que el de 1993- también pudo haber sido fruto de una equivocación aunque esta vez en sentido contrario.

Es paradójico que Oscar Parrilli haya comenzado su discurso citando Juan Domingo Perón criticando el sistema de jubilación estatal. Probablemente, el kirchnerismo termine acusando a Perón de ser un ariete del consenso de Washington. Es más, Perón, en ese discurso del 30 de noviembre de 1973, dijo: “En 1955 el Estado, acuciado quizás por las necesidades, echó mano de los capitales acumulados por las cajas. Es decir, se apropió de ellos. Para mí, eso es simplemente un robo, porque el dinero no era del Estado, sino de la gente que había formado esas sociedades y organizaciones. Claro que las descapitalizaron... Es decir, se las asaltó, porque fue un asalto." Daría la impresión que si estuviera vivo, el General no apoyaría la iniciativa del gobierno; o al menos tendría sus reparos.

A continuación transcribimos el discurso de Oscar Parrilli, hoy funcionario kirchnerista, defendiendo el proyecto de jubilación privada ideado por Carlos Menem y Domingo Cavallo, los impulsores de la política del saqueo. A fin de evitar cualquier malentendido hemos reproducido con total exactitud la intervención del por entonces diputado Parrilli, no hemos tocado ni una coma. Esto también “está escrito en letras de molde” como gusta decir la Presidenta, cada vez que saca a relucir un archivo con el objetivo de fustigar al periodismo. Al parecer, sus asesores no realizan el mismo trabajo de investigación con sus funcionarios más cercanos.

VERSION TAQUIGRAFICA DEL DISCURSO DEL DIPUTADO OSCAR PARRILLI

Sr. Parrilli. - Señor presidente: deseo iniciar mi exposición -con la anuencia de la Presidencia- leyendo un párrafo de un discurso pronunciado por el general Perón el 30 de noviembre de 1973.

Dijo en ese momento: "No quisimos hacer un sistema previsional estatal, porque yo conocía —lo he visto ya en muchas partes— que estos servicios no suelen ser eficaces ni seguros. Preferimos instituirlos administrados y manejados por las propias fuerzas que habrían de utilizarlos, dejando al Estado libre de una obligación que siempre mal cumple... y las cajas se capitalizaron de una manera extraordinaria."

Siguió diciendo el general Perón: "Bien señores ¿Qué pasó después? En 1955 el Estado, acuciado quizás por las necesidades, echó mano de los capitales acumulados por las cajas. Es decir, se apropió de ellos. Para mí, eso es simplemente un robo, porque el dinero no era del Estado, sino de la gente que había formado esas sociedades y organizaciones. Claro que las descapitalizaron... Es decir, se las asaltó, porque fue un asalto."

Con estas palabras el general Perón describió la situación del sistema previsional argentino en 1973. Desde esa época hasta aquí han pasado varios gobiernos, incluyendo una gestión del peronismo hasta 1976.

No viene al caso buscar hoy a los responsables de esa situación, que si la analizamos en 1993 —es decir, veinte años después— seguro que es mucho más seria y mucho más grave. Y al peronismo, que fue inspirador y creador de ese sistema y que comenzó a instituir la jubilación y el régimen de previsión en la Argentina cuándo éste sólo existía para un pequeño grupo de trabajadores, le toca hoy la alta responsabilidad de asumir lo que el general Perón decía en el sentido de que el toro debe ser tomado por las astas. Entonces, o tratamos de resolver el sistema previsional o seguimos haciendo lo que por lo menos desde el año 1973 a esta parte han hecho todos los gobiernos, lo cual significó aumentar abruptamente —o pudo ser una posibilidad— la edad de las jubilaciones, reducir los porcentajes de los haberes jubilatorios, incrementar los aportes y contribuciones, crear nuevos impuestos, suspender por decreto los derechos de los jubilados, prohibirles la posibilidad de litigar ante la Justicia.

Seguramente habrá muchas otras maneras del asumir la actitud de cambiar el horario a esta bomba de tiempo que desde hace veinte años está por explotar, para que estalle luego en otro gobierno, después de nuestra gestión. Pero hemos asumido la responsabilidad histórica de desactivar definitivamente esta bomba de tiempo, y lo hacemos con orgullo y convicción. Estamos absolutamente convencidos de que la reforma forma estructural del sistema de previsión que hoy proponemos a esta Cámara obedece a estos claros principios de nuestra doctrina y accionar políticos.

Sabíamos muy bien lo difícil que resultaba comprender este tipo de decisiones. Por ello, sin lugar a dudas este proyecto de ley tuvo muchos avatares, y cuando comenzó a plantearse recibió por parte de la gente una respuesta adversa.

Eso fue así porque estábamos proponiendo un cambio estructural. Nosotros mismos, el bloque Justicialista, también tuvimos muchas dudas y nos planteamos varios interrogantes —lo decimos con orgullo— cuando comenzamos a analizar estas nuevas ideas. Pero muchas de esas dudas e interrogantes los fuimos resolviendo mediante modificaciones al proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo. Por ello, hoy nadie puede decir que ésta es lisa y llanamente la jubilación privada, que esto es entregar un negocio a un grupo económico determinado, que esto significa olvidarse de los actuales jubilados que no se piensa en las nuevas generaciones; todo lo contrario.

Muchas de las observaciones y propuestas que se hicieron en su momento hoy están contenidas en este dictamen de comisión; y en el tiempo que resta hasta la sanción definitiva del proyecto de ley, sin duda alguna habrá otras modificaciones. Ello, porque este bloque Justicialista ha demostrado mediante su actitud que de ninguna manera se cerró frente a las diferentes objeciones o aportes.

Desde la oposición alguna vez se nos dijo: primero trabajen ustedes en la homogeneización de un proyecto, y después propónganlo al resto. Hoy decimos con todo orgullo que la casi tota-lidad del bloque justicialista está detrás de esta reforma estructural del sistema previsional. Eso es lo que está permitiendo —también lo decimos con mucha satisfacción— que esta Cámara esté funcionando y que hoy analicemos este proyecto de ley.

Decía, señor presidente, que teníamos dos posi-bilidades: realizar algunos parches o asumir esta responsabilidad histórica de modificar estructu-ralmente el sistema. Hemos optado por la segunda que sin lugar a dudas es la más difícil. Nos ha exigido a todos estudiar, pensar, consultar y escuchar también la voz de muchos de los que nos criticaban. Y lo hemos hecho pensando siempre que este proyecto de ley de reforma previsional viene a solucionar el problema de fondo. Por eso decimos que de ninguna manera esto es un sistema privado; se trata claramente de un régimen previsional que pone la decisión en la gente y no en nosotros. A nadie estamos obligando a recurrir a una administradora privada ni a ir a capitalizar sus ahorros, sino que estamos dando claramente la opción de seguir en el Estado.

Además de la prestación básica universal y de la prestación complementaria —que fue una de las primeras críticas que recibió este proyecto porque no reconocía los aportes efectuados con anterioridad, lo que hoy se ha logrado—, ahora hemos agregado la opción de que cada uno de los trabajadores diga que quiere hacer. Les estamos ofreciendo la posibilidad de decidir si quiere continuar en el sistema de reparto, donde sin duda tendrá mayor seguridad, o ingresar en un sistema de capitalización individual con la posibilidad de obtener mayor rentabilidad. Dentro de este sistema de capitalización individual tendrá además la opción de elegir una administradora del Estado, privada, de algún gremio, de una cámara empresaria, de una cooperativa o de una mutual, con el derecho de cambiar de una administradora a otra cada seis meses sin tener que pagar por ello -está expresamente prohibido en el proyecto- y elegir aquella que le garantice mayor rentabilidad, le cobre menor comisión o, en definitiva, le proporcione mayor seguridad.

Sr. Martínez Raymonda. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?

Sr. Parrilli. - Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Martínez). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Martínez Raymonda. - Señor presidente: simplemente quisiera que se clarificara algo. Si bien ayer se explicó cómo funciona este sistema, algunos aspectos no han sido remarcados en los últimos minutos. El trabajador tiene libertad para quedarse en el sistema de reparto o entrar en el de capitalización; nada lo obliga, nada lo empuja, salvo el sistema impositivo que vamos a modificar. ¿A quien se queda en el sistema de reparto le vamos a quitar las deducciones por cargas de familia y le vamos a disminuir el monto no imponible?

Sr. Presidente (Martínez). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Neuquén.

Sr. Parrilli.-- Señor presidente: la inquietud que plantea el señor diputado la aclararemos con mayor precisión en el debate en particular. No obstante, por el momento quiero decirle que esta modificación del sistema previsional argentino persigue dos objetivos. Uno de ellos es la reforma estructural a la que aludimos, es decir, cambiar este sistema de reparto por otro donde la responsabilidad de cada uno de nosotros y de los aportantes tenga que ver con el haber previsional que corresponderá al momento de la jubilación. En segundo lugar, creemos que ésta es una manera correcta de ordenar el ahorro interno a los efectos de garantizar que esta masa de dinero permita lograr uno de los objetivos económicos de este gobierno, que precisamente es generar un mercado de capitales que nos posibilite crear fuentes de trabajo y financiar inver-siones y crecimiento, porque a partir de esto seguramente será posible solucionar no sólo la situación de los actuales jubilados sino la de aquellos que vayan en el futuro entrando en la pasividad.

Un aspecto fundamental de este proyecto de ley que cabe destacar es que no se le promete a nadie lo que no se puede hacer. No estamos haciendo propuestas demagógicas ni promesas electoralistas; estamos dando un claro mensaje a la sociedad: cada uno de los que aporta tiene que ser responsable por lo que en su momento va a cobrar como jubilación. ¿O acaso no sabemos que hay muchos jubilados que tienen 50 o 55 años, que aportaron durante 10 o 15 años y que a veces lo hicieron por el mínimo, pero buscaron luego alguna ley de privilegio para jubilarse con montos que nada tenían que ver con el aporte efectivo que realizaron? ¿O acaso no conocemos que en nuestras provincias hay muchos profesionales como nosotros que han usado las cajas previsionales, aportando el mínimo y buscando tener en los últimos años salarios altos para después beneficiarse con una jubilación elevada? Es decir que perciben jubilaciones que nada tienen que ver con sus aportes.

¿Qué clase de justicia social es ésta, de sacarle a los de abajo para darle a los de arriba? Esta no es la justicia social que pregonaba el general Perón en 1945 y que instrumentamos con las leyes previsionales. (Aplausos.)

También quiero señalar que en este proyecto que estamos considerando y que nuestro bloque ha modificado, hemos hecho una mejora sustancial del texto enviado por el Poder Ejecutivo cuando elevamos la prestación básica universal. Según nuestro criterio, el Estado sin duda tiene la obligación de atender a los niños, a los ancianos, a los discapacitados y a todos aquellos que necesitan de su protección. Pero asimismo pensamos que en función de decir que los protegemos a ellos, muchas veces lo estuvimos haciendo con aquellos que no necesitaban la protección estatal.

Por eso en la ecuación económica del haber previsional, con este proyecto de ley elevamos sustancialmente los mínimos. Si un trabajador se jubila y al momento de hacerlo está cobrando el salario medio de la economía —por ejemplo 500 pesos— va a percibir un haber previsional muy importante en relación a esos 500 pesos, que sería de aproximadamente un 80 por ciento.

Lo ha dicho el señor diputado Zamora en este recinto y yo sostengo que tiene razón. La CGT defiende los derechos de los de abajo, no los de los de arriba. Y esto es lo que estamos haciendo. Los que cobran sueldos altos tienen capacidad de ahorro y el Estado no tiene por qué garantizarles nada. El Estado tiene que dar una garantía a los que no tienen capacidad de ahorro. Por eso, la prestación básica es elevada y también por eso aparece una prestación complementaria del 1,5.

Aquí han cambiado las reglas de juego; existe una diferencia y es la que estamos planteando. Con la proposición hecha por la CGT de agregar la prestación adicional por permanencia beneficiamos a los trabajadores de menores ingresos y de mayor edad, ya que los de mayores ingresos y menor edad van a tener, con el funcionamiento de este régimen, la posibilidad de contar con una jubilación que no surja de la promesa electoral de algún candidato; o sea que tendrán una buena jubilación en función de lo que aporte cada uno durante toda su vida.

Aquí se dijo también que el Estado se desentiende del sistema previsional y en la realidad es exactamente lo contrario. Con este proyecto hemos mejorado mucho -lo digo con orgullo- al crear un ente regulador, por llamarlo de alguna manera, dentro de una función que el Estado tiene que cumplimentar con mayor precisión y de mejor manera que en el caso de los entes reguladores del gas y de la luz. Posiblemente, en el futuro tengamos que mejorar la redacción de estas leyes.

¿O acaso alguien puede decir con total honestidad que conoce la receta sobre cómo hay que organizar la nueva política económica que estamos llevando adelante? Si alguien la tiene, sinceramente se la recibiremos con todo gusto para tomar de ella todo lo que sea posible.

Por ello en esta ley, cuando creamos la Superintendencia Administradora de Fondos de Pensión y asignamos funciones a sus responsables, tipificamos los delitos en forma muy severa. Hay propuestas para que reduzcamos las penas, pero no lo queremos hacer, porque ese ente que va a tener la función de fiscalizar a la administradora del Banco Nación y a las administradoras privadas, en caso de que éstas realicen acciones tendientes a perjudicar a los fondos de pensión y a la confianza de los trabajadores, no sólo les aplicará multas sino que les revocará la autorización para funcionar. Además, se prevé la aplicación de pena de prisión.

Por primera vez en un marco regulatorio se tipifican como delitos las omisiones y los incumplimientos de aquellos que tienen la obligación de preservar esto que hoy estamos sancionando como ley.

También se dijo que este sistema puede eclosionar y puede suceder como ocurrió con el sistema financiero: que nos saque la plata. Esto de ninguna manera es así. Está perfectamente establecido en la ley y separado el patrimonio del fondo de pensión de lo que es el capital de la administradora, de fondos de pensión.

Por otro lado, en otro momento se señaló que no había garantía del Estado, pero esto tampoco es cierto y está expresamente establecido en la norma. Hay garantías del Estado para asegurar una rentabilidad mínima promedio del 70 por ciento. Esa garantía no solamente está dada por el capital que se exige a la administradora sino también por el Estado. Si esa administradora se funde, el Estado aporta los recursos, pero se trata de una garantía limitada en el monto y el tiempo, para que los argentinos no terminemos pagando los negociados como los que ocurrieron con la patria financiera.

El Estado interviene dándole al trabajador lo que le corresponde y le dice que se busque otra administradora porque la que tenía se fundió, es decir, que le ofrece una garantía durante ese tiempo, que es lo que corresponde.

Hemos mejorado notablemente el proyecto de ley en todo lo relativo a los mecanismos de fiscalización y control. Para los funcionarios que van a tener la misión de controlar a las administradoras hemos establecido pautas objetivas y claras partir de las cuales tienen que resolver los problemas. Eliminamos el término "podrá". Creemos que los funcionarios "deben" hacer tal o cual cosa, "deben" autorizar o no a una administradora, "deben" revocar una autorización o no, “deben” imponer una multa o no. Querernos terminar con la facultad de los funcionarios de utilizar el término "podrá" que puede interpretarse de distintas maneras, a favor o en contra de una persona.

Con estas modificaciones que introdujo el bloque Justicialista consideramos que le damos mayor transparencia a la iniciativa y también mayor garantía y seguridad al funcionamiento del sistema. Hay muchos otros aspectos para remar-car en esta norma, que seguramente serán planteados por mis compañeros de bancada durante el debate en particular.

Para terminar quiero señalar algo que dije ayer. En algún momento nos criticaron por no escuchar las propuestas. Lamentablemente, hoy algunos legisladores están sosteniendo que el bloque Justicialista está modificando el despacho de comisión. Esta situación me recuerda el refrán que dice "palos porque bogas, palos porque no bogas". En definitiva, aquellos que tienen la intención de evitar el tratamiento de esta ley, así como nos criticaron porque no aceptamos las propuestas, hoy nos critican porque estamos modificando el despacho. (Aplausos.)

En esta oportunidad, como en muchas otras en las que dictamos leyes trascendentales para el país, los peronistas estamos trabajando con la firme convicción de que construimos una Argentina nueva. De ninguna manera, aceptamos que estos principios puedan ser patrimonio de alguien especial. A quienes nos critican les decimos con toda humildad: nadie es dueño de los ideales, nadie es dueño de las convicciones y nadie es dueño de los principios. Nosotros también trabajamos por ideales y por principios. (Aplausos).

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