EL GOBIERNO TENIA PLAN B

El matrimonio presidencial cayó en la misma trampa que el peronismo de los ’90, ese que lideraba Carlos Menem y es vilipendiado como lo será el kirchnerismo en unos años. Por aquel entonces el mensaje imperante era que todo lo que manejara el Estado es malo y que la solución sólo estaba en manos privadas. Hoy los Kirchner practican esa misma lógica pero en sentido inverso. En ambos casos las decisiones se encubrieron apelando a un barniz ideológico, y a dejar atrás prácticas del pasado que habían sido las responsables del estado de crisis perpetúo que afronta la Argentina. Siempre en pos de una modernidad que a la postre siempre nos atrasa más. Los unos y los otros invocaron al General, reivindicaron y denostaron al primer mundo, juraron proteger al pueblo –que es el único heredero de Perón- pero sólo fue una puesta en escena. Menem apeló a las privatizaciones sin una visión estratégica del país y de sus consecuencias, y el matrimonio hace lo mismo con la estatización de los fondos de las AFJP. Pero en ambos casos la causa es la misma, tienen que cubrir la caja porque los números no cerraban antes ni ahora. Es sólo eso.

Una vez más la principal política de estado de la Argentina es la falta de previsibilidad, un pecado mortal si lo que se pretende es atraer inversiones productivas y repatriar capitales. Bueno, esto último ya roza más la comedia porque los capital argentinos depositados en el exterior, lo están porque son producto de la corrupción o, justamente, partieron buscando lugares más seguros. Los distintos gobiernos argentinos jamás pudieron aprender que los inversores quieren reglas de juego claras y la política de los bandazos les genera paranoia. Por eso, se derrumba la bolsa española, los bancos consideran a la Argentina en un virtual estado de default, los hermanos uruguayos se quieren cambiar el apellido para diferenciarse, y a esta altura, España no sabe cómo renunciar a la patria potestad.

Catorce años tras nos contaron que la panacea era el sistema de capitalización, comúnmente llamado de jubilación privada, defendido con vehemencia por muchos de los que hoy celebran su re estatización. ¿Por qué creerles ahora cuando les creímos antes? El sistema de capitalización no fue la panacea y quienes se jubilaron no se parecen a los “seniors” que disfrutan de su retiro en la soleada Miami; como mostraban sus avisos publicitarios. Por responsabilidad de los empresarios y del Estado, que como siempre no ejerció el suficiente control, el sistema se desvirtuó. Los fondos de las AFJP nunca estuvieron al servicio de la economía real ni de la producción y sus carteras se llenaron de bonos del Estado, que como siempre, necesita financiamiento para que le cierren las cuentas.

Al igual que con las empresas estatales en la década de los ’90, la dicotomía entre los privado y lo estatal termina siendo falsa. La discusión debe tratarse sobre la gestión, el control y un rol presente y robusto por parte del Estado. Pero en la Argentina se tomó lo peor de los dos paradigmas. Así, cuando los privados asumen el control el Estado desaparece, cuando debiera ejercer un papel articulador entre el capital y el pueblo, protegiendo a este último, otorgando reglas claras a los primeros y seguridad jurídica a todos. A la inversa, la experiencia argentina nos muestra que cuando el Estado toma el control, no busca reclutar un management profesional que gestione eficientemente cualquier organización considerada estratégica y con interés social. En este sentido, un excelente ejemplo lo constituye Petrobrás, tal vez la empresa más importante desde el punto de vista geoestratégico del Brasil, donde el Estado es el propietario del 50 por ciento del paquete accionario. Claro, pero su management está integrado por técnicos y conocedores del negocio y no por empresarios amigos del gobierno o por sindicalistas que hace mucho se olvidaron que representan a los trabajadores. Los resultados están a la vista.

La discusión entre lo privado y lo estatal es anacrónica y sólo sirve para consuman café los de izquierda y el liberalismo retrógrado local. La legalidad, la seguridad jurídica, la eficiencia, las reglas de juego claras, el control indelegable del Estado, el derecho a la propiedad no son patrimonio de estos grupos. Son condiciones básicas que mínimas para que cualquier sistema republicano funcione.

La estatización de los fondos de las AFJP ha planteado una vez más la misma discusión estéril. En 1993, se implementó este sistema para evitar la voracidad del Estado que no se había cansado de diezmar las cajas de jubilaciones. Es decir que todo pasaba por proteger a los aportantes, futuros jubilados. Ahora, uno de los argumentos que más se escucha por parte del gobierno, es que la decisión se toma para proteger a la gente –en algún momento vamos a pedir que dejen de protegernos- para frenar el saqueo de los bancos del salario de los trabajadores. No sería de extrañar que en quince años volviéramos a escuchar a un Oscar Parrilli defendiendo en la Cámara de Diputados una nueva privatización del sistema. Obviamente, con el argumento de protegernos.

La decisión del gobierno de avanzar sobre las AFJP no es ideológica, en cuyo se podría o no estar de acuerdo, pero sería respetable. Además, si fuera así, estaría sustentada por un plan sólido en el que se contemplaran los distintos escenarios nacionales e internacionales. Pero no es así, simplemente se quedaron sin caja y por ello es que diputados del oficialismo, aliados y opositores comenzaron a pedir garantías al gobierno acerca del destino de los fondos. Como en el 2001 se vuelve a hablar de la intangibilidad de los depósitos, porque nadie le cree al gobierno ni siquiera –a esta altura- muchos justicialistas. Todo el mundo le pide al gobierno que aclare que se va a embolsar la plata y gastarla como mejor le parezca, una discusión que en cualquier país civilizado fue superada hace mucho tiempo.

Es claro que el matrimonio presidencial, al igual que con la Resolución 125, no ha previsto la reacción de esta decisión. La Presidenta no se ha cansado de decir que la crisis financiera internacional no encontraba mejor parados que en situaciones similares anteriores, lo cual no dejaba de ser cierto. Sin embargo, el kirchnerismo ha resuelto no privarnos de las bondades de los sufrimientos del primer mundo y ha generado una crisis propia. Los españoles están desesperados porque aseguran que el gobierno, tarde o temprano, desembarcará en esas empresas, especialmente aquellas de servicios públicos merced a la incautación de las acciones todavía en poder de las AFJP. En el mundo, nadie comprende por qué la Argentina está haciendo esto en un flagrante error de oportunidad. El kirchnerismo parece estar llevando al país a un suicidio colectivo y nadie conoce la razón. Una vez más, es probable que éstas no haya que buscarlas en la política. El mundo nos mira azorados, pero al gobierno no le importa qué piense en mundo. La esperanza de los holdouts se desvanece, les duró poco.

La discusión en el Congreso promete ser fuerte y el Gobierno debería prepararse para abrir algún espacio de negociación. Los abogados ya se preparan para los mieles de amparos, que según ellos, presentarán los afiliados a las a Administradoras. Parece una broma de mal gusto, pero hace un año el gobierno abrió la posibilidad para volver al sistema de reparto –el estatal- a aquellos que ya no deseaban permanecer en el privado. En el término de seis meses, lapso que duró el traspaso, 10 millones de argentinos decidieron permanecer afiliados a una AFJP. Su decisión para el gobierno no cuenta, son argentinos de segunda para el kirchnerismo porque no piensan como ellos. De seguro, ello tendrá algún correlato jurídico en el futuro.

Es obvio que el matrimonio gobernante no ha tenido en cuenta las consecuencias de su decisión. A modo de ejemplo, se puede señalar que los fondos depositados en una AFJP son hereditarios, lo que implica que forman parte del patrimonio de cada uno de los afiliados. Condición que perderán una vez que pasen a la gran bolsa estatal perjudicando a su titular y a sus herederos, lo que generará todo tipo de presentaciones ante la justicia. El gobierno tenía Plan B: el saqueo de las jubilaciones.

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